“No se le puede poner puertas al Campo”. Así se dice –desde muy antiguo-, en nuestro refranero español, refiriéndose al inútil intento de controlar aquellas cosas que son incontrolables como –en este caso-, es internet; la “red de redes” es regulable, pero difícilmente controlable.

Un ejemplo claro lo tenemos con los últimos pasos dados por la justicia española, con el caso de varias casas discográficas que denunciaron a Pablo Soto, el conocido informático creador de diferentes programas que usaban tecnología P2P (peer to peer), para intercambio de contenido, en el intento de pedirle -entre otras cosas-, una cantidad desorbitada de dinero en concepto de daños y perjuicios por el daño económico que el joven les hacía, dictándose finalmente sentencia a favor del informático, por la Audiencia Provincial de Madrid; sentencia que –aunque no firme-, no ha sido recurrida por las casas discográficas, por lo que el caso ha quedado definitivamente cerrado, a favor del programador.

Pues bien, justo a los pocos días de salir esta sentencia 103/2014 de la Audiencia Provincial de Madrid (salió el 31 de marzo de 2014), la comunidad internauta se desayunó con la noticia de que varias operadoras de servicios de internet españolas habían cortado –a nivel de operador y DNS-, la comunicación de algunos portales web de intercambio de ficheros, como newpct.com, entre otros.

Por lo visto, el pasado 28 de mayo, la Federación Antipiratería consiguió que el Juzgado Nº 10 de Zaragoza bloqueara de forma preventiva varias páginas web que albergaban enlaces P2P. Tras esta resolución judicial, operadores como Movistar, Orange, Ono, Vodafone o Jazztel empezaron a bloquear los accesos a páginas como newpct.com, spanishtracker.com, descargaya.es o pctestrenos.com, entre otras. Sin embargo –como decimos-, este intento de ponerle puertas al campo no ha podido ser más nefasto, a la vista de los ríos de pólvora informativa que se han creado en los días posteriores, en los que se daba no sólo información de cómo saltarse el bloqueo, sino que también se enumeraban multitud de páginas de contenido similar a las bloqueadas, amén de técnicas y recursos que permitían eludir estos bloqueos.

Por dar un ejemplo, Newpct.com creó, a los pocos días de su bloqueo, un portal nuevo idéntico al baneado: newpct1.com. Otras técnicas descritas por la comunidad internauta consisten en cambiar las dns de nuestros ordenadores, de tal forma que podamos salir a internet, a través de las dns de otros operadores a los que no les afecta la sentencia -como las de Google-, por ejemplo, para los usuarios de ONO.

Lo más alarmante de todo es que estos intentos de prohibir lo imposible han sacado a la luz herramientas de camuflaje informático que permiten al internauta navegar, como si estuviera en otro país. Este el caso del plugin Anonimox, para Mozilla Firefox, o Zenmate para Google Chrome. Mediante estos plugins –fácilmente instalables en nuestros navegadores-, podemos configurar una dirección Ip falsa (sólo para el navegador), que permite conectar sin mayor problema a estos sitios web bloqueados, simulando que estamos en Estados Unidos, por ejemplo.

Pero nada de esto que les cuento es nuevo: Desde los tiempos de la cintas de casette ya se pirateaba. Tan sólo cambia el formato de los dispositivos de almacenamiento y la forma de eludir a la justicia. El intercambio de archivos se lleva produciendo desde los comienzos de internet y, cada vez que alguien legisla y prohíbe, un ejército de internautas sale al auxilio de la comunidad, ofreciendo soluciones que –como ha ocurrido en este caso-, no sólo “pasan por la izquierda a nuestro sistema judicial”, sino que dan ideas nuevas -y esto en mi opinión es tanto o más grave-, a gente desconocedora de herramientas que pueden servir para mucho más que conectarse a un portal de descargas P2P, de forma camuflada.

¿Y cuál es el motivo que lleva a los webmaster de estos portales a «jugarse el tipo» con la justicia creando sitios web con contenido que raya lo ilícito?. Lo primero, la cuestión económica. Los ingrersos por publicidad de estos portales son exageradamente altos, en algunos casos. La rentabilidad está garantizada: mínima inversión, máximo rendimiento. Y lo segundo: hay extensa jurisprudencia que avala la libertad de información de quien incluye links (o enlaces) de ficheros. Estos portales no contienen la información; sólo dicen dónde se puede obtener y, por ahora, esto no es ilícito. De hecho ya se dictaron en su día sentencias favorables para estos mismos sitios web.

¿Cuál es la solución?¿Prohibir sin más?¿O educar y concienciar?. Mientras los beneficios sean mayores que los gastos, y los riesgos legales sean asumibles, existirá este tipo de portales. A lo mejor, en el medio está la virtud, como también se puede leer en nuestro vetusto refranero. La tan necesaria legislación 2.0 debe adaptarse a un medio en constante cambio; y pensarse con el objetivo «de ser capaz de ser cumplida» y dar nuevas soluciones a los nuevos problemas que se generan con internet y sus herramientas. Pero no podemos olvidar que ésta no puede crear leyes inservibles, apenas éstas comienzan su andadura.

José Aurelio García

Auditor y Perito Informático-Perito en Piratería Industrial e Intelectual-Informático Forense

Vp. Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica – ANCITE

Informático Forense – El Blog de Auditores y Peritos Informáticos

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